Tuxpan, Ver.- De manera simultánea se manifestaron en todo el país tribunales y juzgados como parte del paro en el que los impartidores de justicia expresan su rechazo a la reforma judicial y en 3sta ciudad se unieron el Juzgado Juzgado Séptimo y Octavo de Distrito en el estado de Veracruz con residencia en esta ciudad y puerto.
Con esta acción los jueces y magistrados se unen al paro iniciado el lunes 19 de agosto por miles de trabajadores del Poder Judicial en contra de dicha iniciativa.
En cuanto comenzó esta jornada informaron que la suspensión de labores es parte de lo que consideran “un acto legítimo de resistencia a la reforma, y hasta que esta misma sea desechada”. Asimismo dijeron que buscarán dar paso a una reforma integral del sistema de justicia que se construya, “a la cual se unirían”.
El paro indefinido en los juzgados y tribunales federales afectará los plazos establecidos para contestar demandas, vistas y ofrecer pruebas, es decir, el plazo no vencerá hasta que se reinicien las labores del Poder Judicial.
El paro indefinido en los juzgados y tribunales federales afectará los plazos establecidos para contestar demandas, vistas y ofrecer pruebas, es decir, el plazo no vencerá hasta que se reinicien las labores del Poder Judicial.
Sin embargo, se detalló que durante la suspensión no será posible tramitar asuntos nuevos, salvo aquellos catalogados como urgentes. De acuerdo con la declaratoria de suspensión de actividades de jueces y magistrados, que se sumaron a partir de este miércoles al paro, algunos asuntos considerados urgentes en materia civil son aquellos que requieran medidas cautelares o de protección en casos de violencia intrafamiliar y contra las mujeres, y protecciones a infancias.
En materia penal se consideran prioritarios procesos como la calificación de detenciones, vinculaciones a proceso y medidas cautelares relacionadas con prisión preventiva asi como con determinaciones sobre extradición.
En otras materias destacan como urgentes casos relacionados con derecho a la salud, migración y los que pongan en riesgo el suministro de servicios básicos, como agua y energía.
