Hechos Zona Norte
MEXICO.- El presidente Andrés Manuel López Obrador ha reafirmado su intención de eliminar varios organismos autónomos, argumentando que sus recursos pueden ser mejor utilizados para financiar las pensiones del bienestar, uno de los pilares de su política social. Según el mandatario, las funciones de estos organismos pueden ser absorbidas por el gobierno federal sin necesidad de mantener estructuras costosas e independientes.
López Obrador ha calificado a estos organismos como “facciosos, onerosos y antipopulares”, y en su propuesta de reforma constitucional se refiere a ellos como dependencias que deben ser eliminadas debido a su carácter supuestamente autónomo y su elevada carga financiera para el Estado. Entre los organismos señalados están la Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece), el Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT), el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval), el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI), y otros más.
El presidente ha defendido su postura señalando que estos organismos son “autónomos del pueblo, no de la oligarquía”, y ha criticado la creación de lo que llama una “burocracia dorada” que, a su juicio, ha desviado importantes recursos del presupuesto público. Según datos presentados por el gobierno, entre los años 2018 y 2024, estos organismos recibieron un presupuesto acumulado de 32 mil 313 millones 546 mil pesos, una cifra que, de acuerdo con legisladores de Morena, equivale a 5 millones 385 mil pensiones bimestrales para adultos mayores.
El presidente considera excesivos los cerca de mil millones de pesos que estos organismos requieren anualmente para operar, insistiendo en que el gobierno federal tiene la capacidad de asumir sus funciones sin necesidad de destinar tantos recursos. López Obrador busca redirigir estos fondos para fortalecer sus programas sociales, especialmente las pensiones del bienestar, que han sido un componente central de su administración.
La propuesta ha generado críticas de organizaciones de la sociedad civil, que defienden el valor de estos organismos para la democracia mexicana. Sin embargo, el gobierno de la Cuarta Transformación ha desestimado estos argumentos, manteniendo su postura de que estos entes son innecesarios y que su eliminación contribuirá a una mejor administración de los recursos públicos.